Liz Truss se impuso recientemente al ex canciller Rishi Sunak en una votación entre los miembros del Partido Conservador y sucederá a Boris Johnson como primera ministra del Reino Unido, tras ser nombrada oficialmente por la reina Isabel el martes 6.th Septiembre.
Durante su primer discurso fuera del número 10 de Downing Street, la Primera Ministra estableció tres prioridades para su Gobierno:
- Hacer crecer la economía mediante recortes fiscales y reformas;
- Afrontar la crisis energética;
- Garantizar que el Servicio Nacional de Salud satisface las necesidades de la población.
La agenda económica de Truss prevé, pues, varias medidas para reactivar la economía, actualmente estancada, y ayudar a los ciudadanos a hacer frente al creciente coste de la vida.
La prioridad es apresurar recortes fiscales por un valor estimado de 30.000 millones de libras, principalmente a través de las siguientes medidas:
- Revertir el reciente aumento de la Seguridad Social;
- Anulación de la subida prevista del impuesto de sociedades de 19% a 23%.
En cuanto a la crisis energética, se prevé que el Primer Ministro revele planes para limitar las facturas anuales de energía a unas 2.500 libras, considerando también una ayuda universal adicional de 400 libras que se distribuirá a los hogares este otoño.
Para financiar la congelación, las opciones aparentemente discutidas incluían la concesión de préstamos respaldados por el gobierno a los proveedores de energía, que luego podrían devolverse mediante un gravamen extra en las facturas de los usuarios una vez finalizada la crisis.
Se cree que el Gobierno está estudiando un endeudamiento público adicional de hasta 90.000 millones de libras y la absorción de los importantes costes en los impuestos generales.
Aunque Truss ha declarado que sus iniciativas se pagarían principalmente aplazando el reembolso de las deudas relacionadas con Covid, sigue habiendo un escepticismo generalizado en torno a estas medidas, ya que la necesidad de pedir prestadas sumas importantes a tipos posiblemente elevados supondría un coste adicional para la economía, ya estancada.
Maja Tamiazzo
